Por Amaury Sánchez
México amaneció con 29 narcos menos y un pleito más entre el gobierno y el Poder Judicial. En una movida digna de serie de Netflix, el Gabinete de Seguridad decidió que en lugar de esperar a que los jueces mexicanos decidieran si extraditar o no a estos personajes, mejor los mandaban en paquete exprés a Estados Unidos, donde seguro los atenderán con el debido rigor (y con sentencias más largas que la lista de escándalos de la política nacional).
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, explicó que había riesgo de que algunos de estos capos fueran liberados gracias a acuerdos bajo la mesa con jueces bien dispuestos. El Consejo de la Judicatura Federal, ofendido, respondió de inmediato, asegurando que aquí todo es legal, que si hay pruebas se presenten y que, básicamente, “con nosotros no te metas”.
Pero, más allá del chisme político, esta movida es un golpe mediático que deja varias preguntas en el aire. Primero, ¿se trata de una limpia de alto impacto o de un show para quedar bien con el gobierno de EE.UU.? No es casualidad que esto ocurra justo cuando México negocia con Trump (de nuevo presidente en esta simulación llamada realidad) para evitar aranceles y tensiones comerciales. Nada como un regalito de 29 criminales para suavizar las conversaciones, ¿no?
Segundo, ¿qué impacto tendrá esto en el crimen organizado? Aunque enviar a peces gordos a enfrentar la justicia gringa suena como una victoria, la historia nos dice que el narco es más resistente que el nopal: cuando un líder cae, otro toma su lugar sin problema. Peor aún, el golpe podría desatar ajustes de cuentas y más violencia dentro del país.
Y tercero, ¿qué mensaje manda esto sobre la justicia mexicana? Si el gobierno reconoce que los jueces pueden soltar criminales por acuerdos turbios, entonces estamos aceptando que la casa está podrida. ¿La solución es mandar a todos los narcos al extranjero? ¿O deberíamos empezar a preguntarnos por qué nuestro sistema judicial sigue siendo tan vulnerable?
Lo cierto es que, por ahora, estos 29 no volverán a pisar suelo mexicano. Para el gobierno, esto es un éxito. Para la Judicatura, una ofensa. Y para el narco, un inconveniente menor. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos viendo este espectáculo con la sensación de que, al final del día, los ajustes de cuentas no solo ocurren entre criminales, sino también entre quienes deberían darnos justicia.
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