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Por Amaury Sánchez
El reciente diferimiento de la reforma contra el nepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no solo es un episodio legislativo que refleja las tensiones dentro de la coalición gobernante. Es, más bien, un indicador relevante sobre las complejidades inherentes a la construcción de un nuevo modelo de gobernanza en México, donde la estabilidad macroeconómica, la atracción de inversiones y el fortalecimiento institucional forman parte de un mismo engranaje.
Desde que asumió la presidencia, Claudia Sheinbaum ha enviado señales consistentes de su compromiso con la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, lo cual ha sido reconocido por calificadoras como Fitch Ratings y Moody’s, que han subrayado la importancia de preservar un manejo responsable de las finanzas públicas. La continuidad de políticas de austeridad, el respeto a la autonomía del Banco de México y la moderación en la contratación de deuda han contribuido a mantener la calificación soberana en niveles estables, incluso en un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas y alta volatilidad en mercados emergentes.
Sin embargo, la gobernabilidad interna es un factor que los inversionistas —nacionales e internacionales— observan con creciente atención. México, como receptor de más de 36,000 millones de dólares anuales en Inversión Extranjera Directa (IED), según cifras de la Secretaría de Economía, necesita no solo estabilidad macroeconómica, sino también un entorno político predecible y reglas claras en la toma de decisiones públicas. Es aquí donde el episodio de la reforma antiparentesco adquiere una dimensión estratégica: más allá de lo ético, es una señal de qué tan capaces serán las instituciones mexicanas para garantizar condiciones de competencia política limpia y una sucesión ordenada y transparente en 2027.
El Banco Mundial y la OCDE han destacado en diversos reportes que la solidez institucional —particularmente en materia de combate a la corrupción, transparencia en la designación de cargos públicos y certidumbre jurídica— es uno de los principales determinantes de la confianza empresarial. En ese sentido, el liderazgo de Sheinbaum tiene un reto y una oportunidad: demostrar que es posible modernizar el aparato político mexicano, incluso si ello implica confrontar inercias dentro de su propio movimiento.
Sheinbaum no es una improvisada en la gestión pública. Su experiencia como jefa de Gobierno de la Ciudad de México dejó un saldo positivo en términos de disciplina presupuestal (con un superávit primario sostenido en varios ejercicios fiscales), expansión de la inversión en infraestructura estratégica y mejoras en la recaudación local, reconocidas por organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el propio INEGI. Esa experiencia técnica y su perfil basado en la toma de decisiones con base en evidencia científica son activos clave en un entorno global donde los inversionistas valoran, cada vez más, la consistencia técnica de los gobiernos por encima de la retórica ideológica.
El aplazamiento de la reforma contra el nepotismo, impulsado principalmente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —un actor clave para la mayoría legislativa de Morena—, es un recordatorio de las complejidades de gobernar una coalición heterogénea. Pero más allá del revés político puntual, lo que Sheinbaum tiene frente a sí es la posibilidad de redefinir la relación entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas locales y regionales, transitando hacia un modelo donde el cumplimiento de reglas e incentivos claros sustituya al tradicional intercambio de favores y cuotas políticas.
Desde una perspectiva económica, fortalecer la gobernanza interna de la 4T es una condición indispensable para maximizar el potencial de México como destino de nearshoring. De acuerdo con estimaciones de Goldman Sachs y Bank of America, México podría captar inversiones adicionales de entre 40,000 y 60,000 millones de dólares anuales en la próxima década si logra consolidar un entorno de certidumbre jurídica y política, reforzado por un sistema de justicia eficaz, reglas claras de contratación pública y mecanismos efectivos de resolución de conflictos.
El liderazgo de Sheinbaum puede y debe posicionarse como una pieza clave para articular esta visión: un México donde la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento institucional y la competitividad global no sean objetivos contradictorios, sino parte de una misma agenda estratégica. En ese contexto, reformas como la prohibición al nepotismo o el reforzamiento de las reglas de transparencia en el gasto federalizado no son simplemente iniciativas éticas, sino componentes fundamentales de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.
Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad histórica de demostrar que el liderazgo presidencial del siglo XXI no se mide por la capacidad de golpear la mesa, sino por la capacidad de construir un entorno donde las reglas sean más fuertes que las personas. Si logra traducir su visión técnica y científica en un nuevo pacto de gobernanza basado en instituciones sólidas, México no solo mejorará su clima de inversión, sino que fortalecerá su posición como uno de los principales polos de atracción de capital en América Latina.
En un mundo donde el capital fluye hacia países con instituciones creíbles, Sheinbaum puede convertir la modernización política de México en un activo económico estratégico. Su verdadera fortaleza no radica en imponer disciplina por la fuerza, sino en construir un entorno donde la disciplina sea una consecuencia natural de reglas claras, incentivos adecuados y una visión de largo plazo.
Esa es la verdadera transformación que puede consolidar el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Y en ese camino, su fortaleza no dependerá de un manotazo, sino de su capacidad para transformar el poder político en capital económico para el desarrollo de México.
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