
°La cifra: $351,481,399.00 pesos es el monto exacto del convenio de coordinación FASP entre Federación y Estado para este año.
°La regla: El compromiso del 20% del FORTAMUN es el piso mínimo legal exigido a los ediles para uniformes, chalecos, patrullas y homologación salarial.
°El argumento político: El estado viene reportando una tendencia a la baja en delitos de alto impacto (con cierres históricos en la reducción de homicidios dolosos), y el argumento para sostener esa tendencia es que las policías municipales dejen de ser el “eslabón débil” mediante inversión real.
La gobernadora Evelyn Salgado encabeza la firma de
convenios del Sistema de Desarrollo Policial con alcaldes de las ocho regiones.
Municipios quedan obligados a invertir un mínimo del 20% del fondo FORTAMUN 2026 directamente en el fortalecimiento de sus corporaciones locales.
Al amparo de una bolsa de financiamiento conjunto que supera los 351 millones de pesos, el Gobierno de Guerrero y los ayuntamientos de las ocho regiones de la entidad formalizaron un paquete de convenios orientados a consolidar el Sistema de Desarrollo Policial.
El acuerdo institucional, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la sesión de la Conferencia Estatal de Seguridad Pública, no solo traza la ruta técnica para la profesionalización y certificación de las corporaciones locales, sino que establece compromisos financieros estrictos para garantizar que los recursos federales y estatales se traduzcan en policías mejor equipados, evaluados y dignificados en el primer contacto ciudadano.
El peso de los fondos: FASP y FORTAMUN 2026
El eje central de esta estrategia radica en el blindaje y la aplicación transparente de los recursos.
Para este ejercicio fiscal, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) inyectará de manera coparticipada 351.4 millones de pesos en la entidad, destinados a infraestructura, tecnología y capacitación.
Sin embargo, el verdadero reto recae en las administraciones municipales. Bajo los nuevos lineamientos validados por el Consejo Estatal, los alcaldes asumieron el compromiso obligatorio de direccionar al menos el 20% de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) exclusivamente a tareas de seguridad pública y desarrollo policial, alineándose a las prioridades nacionales de pacificación.
Certificación obligatoria frente a la delincuencia
De acuerdo con las autoridades del ramo, estos recursos etiquetados condicionan a los ayuntamientos a cumplir con metas rigurosas en el segundo semestre del año, destacando la aplicación de exámenes de control de confianza, adiestramiento en derechos humanos y perspectiva de género, así como la actualización de las licencias oficiales colectivas de armas. La lógica detrás del candado financiero es clara: evitar desvíos presupuestales en los municipios y asegurar que los elementos locales cuenten con las herramientas y la protección laboral necesarias para reducir su vulnerabilidad frente a las dinámicas delictivas de la entidad.
El llamado del Ejecutivo estatal hacia los presidentes municipales fue contundente: cerrar filas de manera institucional y sin distingos partidistas. Con las reglas de operación y los montos definidos en los anexos técnicos, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública mantendrá una fiscalización periódica sobre las tesorerías municipales, en un esfuerzo por demostrar que la pacificación del estado se construye desde la suficiencia presupuestal y el orden administrativo en el territorio.







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