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*La llamada Ley Antirrapiña sanciona con rigor a quienes lucren o se beneficien de la vulnerabilidad de las familias afectadas por desastres naturales y fenómenos meteorológicos.
La medida legal fue establecida mediante el Decreto 227, vigente desde junio de 2025 en el Código Penal del Estado.
Ante las condiciones climatológicas y posibles situaciones de emergencia que enfrenta la entidad, el Gobierno del Estado de Guerrero recordó a la ciudadanía la aplicación estricta de la Ley Antirrapiña, una disposición orientada a inhibir y castigar los saqueos y robos cometidos durante contingencias.
Las sanciones por este delito pueden alcanzar hasta seis años de prisión.
La legislación tiene como objetivo primordial salvaguardar el patrimonio de las familias guerrerenses y proteger los bienes ajenos en momentos de confusión, desastre o desgracia, evitando que personas ajenas se aprovechen de la vulnerabilidad en la que quedan los damnificados.
Marco legal y alcances de la sanción
Esta figura jurídica deriva de la reforma al Código Penal del Estado, la cual fue formalmente publicada en el Periódico Oficial el 6 de junio de 2025 bajo el Decreto 227. Dicha reforma adicionó los artículos 224 Bis y 227 Bis, estableciendo penalidades específicas para quienes incurran en estas conductas delictivas.
De acuerdo con las autoridades estatales, incurren en este delito aquellas personas que:
Sustraigan mercancías de establecimientos comerciales afectados o desprotegidos.
Ingresen a domicilios particulares para apoderarse de pertenencias.
Se beneficien del abandono temporal de viviendas, locales o vehículos a causa de huracanes, inundaciones, accidentes u otras emergencias.
Llamado a la legalidad y a la solidaridad
Frente a cualquier eventualidad climatológica o de desastre, el Gobierno de Guerrero enfatizó que ninguna emergencia justifica el robo, el abuso ni el saqueo en detrimento de la población afectada.
Por ello, se exhorta a la ciudadanía a conducirse con solidaridad, respetar el patrimonio ajeno y denunciar de manera inmediata cualquier conducta ilícita ante las instancias de procuración de justicia correspondientes.
Como parte de estas acciones, la administración estatal mantiene activa la difusión de esta normativa a través de canales oficiales para concientizar a la sociedad sobre las consecuencias legales de la rapiña.
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