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Por Amaury Sánchez
Claudia Sheinbaum ha heredado un país marcado por la violencia y la impunidad. Los datos son alarmantes: una tasa de homicidios de 28 por cada 100,000 habitantes, más de 94,000 desaparecidos desde 2007 y un sistema de justicia que sólo ha identificado sospechosos en el 17% de los homicidios investigados. Human Rights Watch (HRW) ha documentado con crudeza la situación, señalando que el miedo de las víctimas a denunciar y la falta de capacidades en las fiscalías agravan el problema.
El gobierno anterior, con su estrategia de “abrazos, no balazos”, dejó a las comunidades en la indefensión. Ahora, la nueva administración promete cambios, pero enfrenta la cruda realidad de un país donde la justicia parece un privilegio y no un derecho. El reto es inmenso, pero no insuperable.
Para romper con la impunidad, es imprescindible fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. No se trata solo de desplegar soldados, sino de crear una estrategia que combine coordinación efectiva entre instituciones, capacitación policial y protección de testigos y víctimas. Además, es crucial establecer tribunales especializados en delitos de alto impacto, mejorar la tecnología forense para agilizar la resolución de crímenes y promover la participación ciudadana en la vigilancia de la justicia.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, jugará un papel determinante en la implementación de una estrategia de seguridad eficaz. Su experiencia en la lucha contra el crimen organizado y su compromiso con la profesionalización de los cuerpos de seguridad son activos clave en este desafío. Es fundamental que su gestión priorice la modernización de las fiscalías, el fortalecimiento de la Policía de Investigación y la creación de protocolos que faciliten la denuncia ciudadana y garanticen protección a testigos y víctimas.
Otra solución clave es la inversión en programas de prevención del delito, que incluyan educación, empleo y apoyo a comunidades vulnerables. La delincuencia no se erradica solo con castigos, sino también ofreciendo oportunidades para que los jóvenes no caigan en redes criminales. Asimismo, se debe garantizar el acceso a la justicia para poblaciones marginadas, incluyendo mujeres, indígenas y migrantes, quienes a menudo enfrentan mayores dificultades para denunciar y obtener protección.
Para lograr un cambio estructural, es necesario reformar el sistema penitenciario, asegurando que los centros de reclusión sean espacios de verdadera reinserción y no escuelas del crimen. La creación de un sistema de justicia eficaz también pasa por la digitalización de los procesos judiciales, lo que permitirá reducir la corrupción y mejorar la transparencia en la impartición de justicia.
Sheinbaum tiene un sexenio para demostrar que el cambio es posible. Si el miedo a denunciar persiste y los errores del pasado se repiten, el país seguirá atrapado en la sombra de la violencia. La justicia no puede seguir siendo una deuda pendiente; debe convertirse en la base de un nuevo pacto social donde el estado de derecho sea una garantía real y no una aspiración inalcanzable. La clave está en la acción inmediata, con estrategias claras y responsables, y en la voluntad política para enfrentar de manera decidida a la delincuencia y la impunidad.
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