By La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Acapulco, bajo la dirección de su titular, Federico Argumedo Rodríguez, parece haber extraviado la brújula de sus verdaderas atribuciones constitucionales.
Lo que debiera ser la dependencia clave para formular, dirigir y coordinar la estrategia de prevención del delito en el puerto, se ha transformado, a ojos de la ciudadanía, en una oficina de recaudación fiscal sobre ruedas.
De acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, la principal misión de la corporación es diseñar y ejecutar programas orientados a evitar delitos y faltas administrativas que pongan en riesgo la integridad y los bienes de las personas. Asimismo, se contempla la estrecha coordinación con la Policía Vial para garantizar la seguridad de peatones y conductores mediante la vigilancia activa en cruceros y avenidas principales.
Sin embargo, la realidad que se vive diariamente en las calles de Acapulco dista mucho del marco legal.
De la vialidad a la infracción masiva
Conductores y peatones denuncian que los elementos de la Policía Vial han abandonado su función de agilizar el tránsito vehicular y resguardar los cruces peatonales.
En su lugar, las patrullas y agentes centran sus esfuerzos en montar operativos que los ciudadanos califican como “cacerías de infracciones”.
”Ya no dirigen el tráfico en las zonas conflictivas ni cuidan al peatón; su prioridad parece ser detener vehículos para emitir multas y engrosar los ingresos del municipio”, señaló un automovilista local afectado.
La seguridad ciudadana, en el olvido
Esta misma inercia afecta a la Policía Municipal preventiva. Mientras los índices delictivos exigen una presencia disuasiva y estrategias de proximidad social efectivas, los uniformados son percibidos con funciones meramente operativas de sanción y nulo impacto en el combate a la delincuencia.
La percepción generalizada es que la seguridad pública quedó en el olvido para la actual administración de la SSP. La gestión de Federico Argumedo Rodríguez enfrenta el reto y la exigencia ciudadana de devolver a los uniformados a sus labores de origen: proteger a la comunidad, agilizar la movilidad del puerto y prevenir el delito, en lugar de operar como una dependencia más de ingresos fiscales.
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