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Una creciente marejada de inconformidad se registra entre los 17 aspirantes a la gubernatura del estado —popularmente conocidos como «suspirantes» a habitar la residencia oficial de Casa Guerrero— debido al despliegue de actos de precampaña anticipada de morena que se desarrollan al margen de la ley electoral y sin reglas claras.
El descontento entre los diversos cuadros políticos obedece a que los desplegados, espectaculares, recorridos de campo y actos masivos organizados por diversos perfiles se están realizando en un terreno sin fiscalización estricta.
De acuerdo con los inconformes, esto ocurre ante la falta de reglamentación oportuna por parte de las autoridades electorales a nivel federal y local.
Muro de inconformidad por “piso parejo”
Los aspirantes que han expresado su molestia señalan que las actividades de posicionamiento adelantado rompen con los principios constitucionales de equidad y certeza en la contienda.
”Se están realizando campañas abiertas sin que existan topes de gastos, ni claridad sobre el origen de los recursos, mientras que la autoridad electoral no ha marcado la línea divisoria entre el ejercicio de la libertad de expresión y la promoción personalizada extemporánea”, señalaron fuentes cercanas a la contienda interna.
Entre las principales inquietudes destacan:
Promoción personalizada desmedida: Uso de bardas, espectaculares y pautas en redes sociales disfrazadas de informes de labores o entrevistas periodísticas.
Falta de fiscalización en tiempo real: Ausencia de un monitoreo efectivo sobre el origen y destino de los fondos empleados en la movilización de estructuras.
Uso de recursos públicos: Temor de que funcionarios en activo utilicen plataformas y programas oficiales para apuntalar sus aspiraciones personales hacia la gubernatura.
El vacío legal: La LGIPE y los acuerdos pendientes
El punto medular de la controversia radica en la aplicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la legislación electoral local.
Los inconformes denuncian que los órganos electorales no han emitido con la celeridad necesaria los reglamentos, lineamientos y acuerdos marco que delimiten los procesos internos de selección de los partidos políticos para los comicios locales.
Al no estar formalmente iniciado el periodo legal de precampañas, la falta de un marco regulatorio específico para las llamadas “corcholatas” o pre-aspirantes locales genera una laguna legal que aprovechan ciertos perfiles para adelantarse en la carrera, sin que se tipifiquen claramente las sanciones ni las causas de inelegibilidad por actos anticipados.
Llamado urgente al órgano electoral
Ante esta situación, los aspirantes afectados exigen que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero emitan de manera urgente las medidas cautelares y los acuerdos de neutralidad correspondientes.
De no fijarse reglas claras que frenen el despliegue anticipado, advierten que el proceso para la gubernatura de Guerrero llegará deslegitimado y con un alto nivel de judicialización antes de que se emita la primera boleta electoral.
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